LA PERSPECTIVA SOCIAL DEL ORDENAMIENTO PESQUERO DE LA ANCHOVETA PARA EL CHD Y LA POTA

Las noticias de la promulgación de un nuevo Reglamento de Ordenamiento Pesquero para la anchoveta, del otorgamiento de una cuota anual de dicha especie para el CHD y la firma de una Declaración Conjunta para el mejoramiento de la pesca del recurso pota entre la SNI y el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, así como la aceptación de la necesidad de hacer mayor investigación sobre este último recurso, son evidentemente positivas desde todo punto de vista, ya que la pota y la anchoveta son quizá las únicas especies con suficiente biomasa como para incentivar su captura y destinarla al Consumo Humano Directo.
Pero no puede dejarse de mencionar el siguiente análisis:

Luego de haberse establecido la cuota de pesca industrial de 2.8 millones de toneladas, se ha establecido 300,000 toneladas de anchoveta para consumo humano directo para el año 2017, correspondiente a todo el litoral peruano. Esta última cifra es casi el doble de los desembarques reales promedio de los últimos años cuando no había cuota global, por tanto supone una mejora sobre cifras reales. Resulta entonces que los reclamos sobre esta cifra no parecen tener mucho fundamento y se deben a desconocimiento, por cuanto entre el 2005 y 2016 no se ha superado, en promedio anual, la cifra de cien mil TMB de desembarque de anchoveta destinada al CHD.

El tema tiene varias aristas, obviamente. La reciente normativa se refiere solamente a la anchoveta para su procesamiento en enlatado, congelado o curado. En esta nota se analiza la arista referida al mercado interno, porque dado que la anchoveta procesada es principalmente destinada a la exportación, las normas recientes son promotoras del consumo de anchoveta en los mercados externos y estimuladoras de la industria exportadora, no del mercado nacional. Nada dice sobre su tratamiento y comercialización en estado fresco, omitiendo de esta manera la posibilidad de llegar a los mercados en estado natural, fresco, como ocurre con otras especies. Esta omisión limita la promoción y aumento del consumo de anchoveta que por otro lado se pretende incrementar.

Vale recordar que con el Decreto Supremo Nº 010-2010-PRODUCE se aprobó un Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta Blanca (Anchoa nasus) para Consumo Humano Directo. Por lo que se puede saber, este documento no produjo mayores efectos positivos ni novedosos en el tema, y el asunto quedó severamente complicado cuando se promulgó el DS 005-2012-PRODUCE que introdujo modificaciones al mismo y fue motivo de años de desavenencias entre el Produce y la industria.

El hecho es que todos los avances sobre la promoción y consumo de anchoveta para el mercado peruano que existieron antes de 2011 se detuvieron, olvidaron o quedaron complicados desde ese año hasta la fecha. Situación derivada de la debilidad sectorial de una excesiva rotación de funcionarios que viene acompañada de pérdida de la memoria institucional, que a su vez limita o anula la posibilidad de realizar un adecuado seguimiento de las políticas y normas del sector.

Se requiere nuevas normas que restituyan las medidas necesarias para continuar desarrollando campañas y programas de alimentación en base a anchoveta para las poblaciones más necesitadas, introduciendo nuevos elementos a las disposiciones dictadas, en especial porque la comercialización de anchoveta para el mercado más necesitado del Perú no puede ser tratada exclusivamente en términos de rentabilidad económica.
Anemia y desnutrición en el Perú son una realidad que puede ser combatida empleando la anchoveta, pero en un contexto social. Pero es difícil pensar en destinar este recurso al mercado interno sin apoyo del Estado por una simple cuestión de precios.

Veamos como ejemplo una embarcación de 30 Toneladas de capacidad de bodega:

Si llegase a su punto de desembarque con bodega llena, a precios de 2016, la industria de harina le pagaría US$260.00 por TMB, o sea US$7,800.00 por una faena de un par de días sin empleo de hielo, o sea con solamente el costo de tripulación, combustible, víveres, etc.

Si la misma embarcación trajese pesca encajada en hielo, su factor de estiba se reduciría a unas 6 a 7 TMB. Supongamos, que por pesca bien preservada en hielo y extraída con chinguillo, o sea sin daño mecánico, le paguen lo mismo, o sea US$260.00. El total daría US$1,820 o sea mucho menos que la destinada a la harina y con el mayor gasto que genera el empleo de hielo.

Para ganar lo mismo, esta embarcación debería vender la tonelada a US$1,114.00 lo que convertiría la anchoveta en demasiado cara para pensar en su comercialización en el mercado interno y aún en el externo. Poco probable que alguna empresa pueda pagar este precio por anchoveta, aunque fuese de excelente calidad. Es un tema de mercado.

Este es el problema medular del manejo de la anchoveta y lo que hace atractivo pensar en desviar su captura autorizada para CHD, al CHI, distorsionando todo el manejo de esta pesquería.

Esta ecuación tiene que resolverse con fórmulas innovadoras, creativas y tecnológicas e intervención del Estado, no solamente a través de programas sociales, sino de adecuada supervisión y control.

El mercado no puede resolver el problema. Hay una imposibilidad para acceder a los alimentos hidrobiológicos por parte de amplios sectores de la población que no pueden pagar los precios actuales y que no son objetivo de ventas tampoco. La solución no puede ser más exportación porque más exportación subsidiada implica menos atractivo por el mercado nacional y menor acceso a los alimentos de origen hidrobiológico. El empresario privado optará siempre por vender sus productos con mayor valor agregado al mejor precio y al mejor postor. En esa lógica de pensamiento, siempre encontrará en la exportación un mercado dispuesto a pagar caro por alimentos o materia prima para producir alimentos que satisfagan, no necesariamente el hambre, sino exigencias gastronómicas. El ciudadano pobre que solo requiere proteína barata tenderá a ser excluido de esa lógica de mercado.

La visión del Estado debiera ser la de utilizar nuestra producción de recursos hidrobiológicos prioritariamente para nosotros mismos, proteger su renovación y crecimiento aplicando enfoques ecosistémicos y exportando solamente aquellos que excedan a nuestras necesidades, lo cual en el caso de la anchoveta no es un problema dada la abundancia de su biomasa. La situación socioeconómica, política y pesquera impone la necesidad de una visión nueva y diferente del contexto general en el que se sitúa actualmente la pesquería. La población alto andina y de ceja de selva del Perú acusa alta desnutrición crónica, niños con bajo nivel de consumo de proteínas y calorías, extrema pobreza, falta de empleo, actividades de subsistencia con baja productividad. Esto requiere de una intervención del Estado.

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos de manera que los puedan utilizar adecuadamente para satisfacer sus necesidades alimenticias y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición comprende los aspectos de disponibilidad, inocuidad, utilización, acceso y estabilidad.

Los principales problemas de inseguridad alimentaria que presenta el Perú no se dan por el lado de la disponibilidad y estabilidad general en el suministro de alimentos, sino más bien por el lado del acceso, de manera específica por el lado de los niveles de ingreso de la población, así como por la distribución y oferta adecuada de alimentos hidrobiológicos. En este sentido, la seguridad alimentaria en el Perú está estrechamente vinculada a la distribución de sus recursos. Es debatible, desde este punto de vista, el modelo que sostiene defiende y privilegia la exportación de dichos recursos relegando al mercado nacional. No se trata de dejar de exportar o que esta actividad sea mala o indebida, sino de darle al mercado interno las mismas ventajas competitivas. Además tiene que intervenir en el caso de poblaciones vulnerables, con programas sociales que por su naturaleza deben ser subsidiados.

El Estado no está interviniendo nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección, así como de promoción de exportaciones. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo actual del ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La regulación pesquera vigente no considera aspectos de inclusión social ni de alimentación nacional. Colateralmente se viene promoviendo la exportación.

Hay algunos detalles que no se están tomando en cuenta y que deberían ser considerados para llegar a optimizar estas pesquerías desde el punto de vista del justo equilibrio de beneficios entre el empresario, el pescador, el Estado y el ciudadano peruano:

1. La pota viene siendo capturando exclusivamente por la flota artesanal, por lo cual de acuerdo a las normas vigentes, no paga derechos de pesca. Dado que la mayor parte es adquirida por las plantas procesadoras para ser exportada, se convierte en un recurso hidrobiológico gratuito y subvencionado para el mercado extranjero. No parece ser una situación de justicia para el propietario del recurso, que es el ciudadano peruano, porque además el consumo interno no tiene ningún incentivo. En todo caso, la venta dentro del mercado nacional podría ser la única que admitiría ser exonerada del pago de derechos de pesca. Pero ¿por qué actualmente solamente se privilegia e incentiva lo que se exporta?

2. Las normas recientes que regulan el uso de la anchoveta para el CHD omiten completamente su manipulación y comercialización en estado fresco para el mercado nacional. Si es capturada por la flota artesanal, su exoneración de derechos de pesca genera una situación similar a la situación que ocurre con la pota descrita en el párrafo anterior. No considerar con mayor énfasis y precisión las posibilidades de comercialización en el mercado interno limita el interés por innovar y aplicar nuevas tecnologías por parte de micro empresas interesadas en el mercado interno. Tampoco existe incentivo alguno para atender los mercados del interior del país.

3. No existen programas sociales que utilicen estas dos especies para contribuir a resolver los problemas de la desnutrición y anemia infantil particularmente.

4. Los mercados del interior, las poblaciones vulnerables y las de menores recursos no serán atendidas por la empresa privada en la medida que no solamente no hay incentivos ni programas sociales, sino que no serían rentables económicamente.

5. Las poblaciones vulnerables no ofrecen rentabilidad económica; pero sí rentabilidad social. Es por eso que su atención requiere de tratamientos especiales, de alianzas entre el Estado y la empresa privada, así como la estimulación para la creación de micro empresas orientadas a atender a estos mercados.

Marcos Kisner Bueno

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